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Los dos principales sindicatos policiales denuncian que la ley de amnistía puede dejar fuera a parte de los agentes imputados

Justicia Policial (Jupol) y el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), las dos principales organizaciones de agentes, han emitido sendos comunicados en los que afirman que la ley de amnistía que el gobierno quiere llevar al Congreso para su aprobación puede dejar fuera de la medida de gracia a buena parte de los agentes imputados por su actuación durante los altercados registrados durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En la actualidad hay 45 policías procesados por un juzgado de Barcelona y otros 28, entre agentes de este cuerpo y guardias civiles, por otro de Girona. Ambos sindicatos, que en las últimas semanas ya habían manifestado públicamente su oposición a la amnistía, llegan a esta conclusión tras considerar que el artículo 2 del proyecto, el referido a los casos que quedarán excluidos de la medida de gracia, engloba precisamente los delitos que se imputa a parte de los miembros de las fuerzas de seguridad encausados.

Los 73 agentes están procesados por un delito de lesiones que, según el texto de la ley de amnistía, quedaría perdonado. Sin embargo, 45 de ellos —todos los encausados por el juzgado de la capital catalán— lo están además por un segundo delito, el de atentado contra la integridad moral. Este consiste en infligir a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su dignidad, y está penado con entre seis meses y dos años de prisión. El artículo dos del proyecto señala, precisamente, que los que estén acusados de esta infracción penal no podrán beneficiarse de la ley “siempre que superen un umbral mínimo de gravedad” que no se concreta. No obstante, fuentes del gobierno recalcan que la ley está pensada para que la medida de gracias afecte a todos los agentes, sin exclusión. 

Pese a ello, los dos sindicatos han salido en tromba contra la normal. En su comunicado, Jupol califica la ley como “una trampa” y concluye que los 45 policías procesados por el delito de atentado contra la integridad moral “serían los únicos que quedarían imputados y perseguidos judicialmente por un delito que no cometieron” sin concretar en que sustenta sus temores. Por ello, el sindicato afirma que con esta ley de amnistía queda constatado que “no sirvió de nada el trabajo de los policías, los agentes heridos y los tres compañeros que resultaron jubilados por sus lesiones en los disturbios”. Y añade que la ley es “un menosprecio absoluto” a los 10.000 operativos que acudieron en 2017 y 2019 a Cataluña “a cumplir un mandato judicial y a defender la unidad de España en unas condiciones pésimas de trabajo”. El 25 de septiembre, ese sindicato ya había difundido un comunicado con un duro ataque a la ley de amnistía, cuyo articulado se desconocía entonces. En las elecciones al Consejo de la Policía, celebradas el pasado junio, Jupol incluyó en su lista conjunta con otro sindicato, Alternativa Sindical de Policía (ASP), a un agente, Samuel Vázquez, que en la actualidad es asesor parlamentario de Vox, el partido que ha jaleado buena parte de las protestas callejeras de los últimos días contra la medida de gracia que en varias ocasiones han acabado en graves disturbios.

Por su parte, el SUP muestra en su comunicado su rechazo “más enérgico posible” a la ley e insiste en que los policías no cometieron ningún delito en aquellas jornadas. “Actuamos en el 2017 bajo mandato judicial, al amparo de la Constitución y el marco legal que son los únicos parámetros que tienen validez y rigen la actuación policial, señala el texto en el que se apostilla que “quienes han limpiado las manos de los delincuentes, llenas de sangre de los policías, serán recordados como traidores”.